INCIDENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS · CAMPAÑA PRINCIPAL
Acceso transfronterizo a la justicia
La capacidad de una persona para protegerse del abuso no debería depender de si puede pagar a un abogado a miles de kilómetros.
Las personas que sufren abuso transfronterizo pueden enfrentarse a un problema poco habitual de acceso a la justicia. El país en el que viven puede reconocer su vulnerabilidad y ofrecerles acceso a apoyo jurídico nacional; sin embargo, el tribunal competente sobre sus hijos, sus bienes, su situación migratoria, su relación laboral u otra cuestión vital puede encontrarse en un país completamente distinto.
Esto puede obligar a una persona a financiar un sistema jurídico extranjero desconocido y a orientarse en él precisamente en el momento en que ya puede estar sufriendo abuso, coacción, presión económica o la separación de algo que intenta proteger. Tied Across Borders cree que una protección efectiva no debería desaparecer en la frontera.
«¿Por qué debería una persona perder el acceso efectivo a la justicia simplemente porque quien ejerce abuso sobre ella —o el tribunal competente para resolver su caso— se encuentra en otro país?»
Cuando el tribunal decisivo está en otro país
Esto puede ocurrir cuando un hijo o una hija vive o tiene su residencia habitual en el extranjero; cuando el procedimiento de familia debe tramitarse en otra jurisdicción; cuando la persona que ejerce el control vive en el extranjero; cuando los bienes en copropiedad o el patrimonio relevante están en otro país; cuando el empleador o el reclutador se encuentra en el extranjero; cuando los procedimientos de inmigración o residencia afectan a otro país; cuando el acoso o el hostigamiento abarcan varias jurisdicciones; o cuando un procedimiento de protección o de ejecución debe tramitarse en el extranjero.
A qué pueden enfrentarse de repente las personas
- encontrar un abogado extranjero de confianza
- comprender un sistema jurídico desconocido
- comunicarse en otro idioma
- los honorarios jurídicos internacionales
- las traducciones
- la certificación, notarización o legalización de documentos
- las tasas judiciales o administrativas
- la notificación internacional de documentos
- la prueba pericial
- los viajes internacionales o las vistas a distancia
En algunos casos, una persona puede tener derecho a asistencia jurídica donde vive, pero descubrir que esa asistencia no la acompaña al país donde se tramita el procedimiento. Las condiciones varían según el país y el tipo de caso. En la práctica, el resultado pueden ser derechos que existen en teoría pero que no se pueden costear.
Cuando una persona es local y la otra debe defenderse desde el extranjero
Los casos transfronterizos pueden generar un desequilibrio económico y práctico adicional, creado por la geografía y la jurisdicción, y no necesariamente por una actuación indebida de nadie.
Para alguien que ha sufrido abuso, acoso o amenazas, verse obligado a viajar al país de quien le ha agredido para asistir a un procedimiento judicial no solo es caro. También puede ser peligroso y causar una enorme angustia, sin ninguna garantía de su seguridad mientras está allí.
Una de las partes puede
- entender el idioma local
- conocer el sistema jurídico
- vivir cerca del tribunal competente
- tener un acceso más fácil a abogados
- contar con el apoyo de su familia o comunidad local
- asistir a los procedimientos con relativa facilidad
La persona que está en el extranjero puede tener que
- identificar y valorar abogados a distancia
- comunicarse entre distintas zonas horarias
- pagar los costes de traducción
- legalizar documentos extranjeros
- viajar
- afrontar las diferencias de divisa
- orientarse en procedimientos desconocidos
- financiarlo todo sin asistencia jurídica gratuita de su país de origen
¿Qué podría cambiar?
Tied Across Borders se propone investigar y defender mecanismos prácticos que hagan verdaderamente accesible la protección jurídica transfronteriza. Se trata de propuestas que investigar: ninguna de ellas existe actualmente como servicio o fondo de Tied Across Borders.
Un Fondo Internacional de Acceso a la Justicia (propuesta)
Explorar ayudas financiadas con fondos públicos, filantrópicos o mediante alianzas para personas que cumplan los requisitos y deban obtener representación jurídica en otro país a causa de abuso, coacción, problemas de protección o explotación.
Representación jurídica subvencionada en el extranjero
Ayudas, en función de los recursos económicos, para contratar abogados verificados en la jurisdicción donde deba tramitarse el procedimiento.
Acuerdos recíprocos de asistencia jurídica gratuita
Investigar si los países podrían desarrollar acuerdos que permitan que la asistencia jurídica acompañe a las personas a través de las fronteras en determinados casos de abuso o de protección.
Financiación de la traducción y la interpretación
Apoyo para la traducción de documentos, las traducciones juradas, los intérpretes y la asistencia lingüística necesaria.
Costes de documentación y administrativos
Posible apoyo para notarizaciones, apostillas o legalizaciones, copias certificadas, el envío internacional de documentos y las tasas judiciales correspondientes.
Ayuda para desplazamientos
En circunstancias excepcionales, ayuda cuando la asistencia presencial sea necesaria en procedimientos relacionados con la protección, el abuso u otra cuestión grave.
Mejor orientación consular
Vías más claras desde embajadas y consulados hacia abogados verificados, organizaciones de apoyo reconocidas, mecanismos locales de asistencia jurídica gratuita y servicios de protección, sin que se espere de los consulados que juzguen casos individuales.
Reconocimiento y ejecución de la protección
Investigar cómo pueden funcionar mejor las medidas de protección cuando la persona que busca protección y la persona que ejerce el control se encuentran en países distintos.
Mecanismos urgentes para la infancia y la seguridad
Explorar si se necesitan vías más rápidas cuando un retraso podría afectar al bienestar de la infancia, al contacto familiar, a la seguridad personal, a la situación migratoria, a la vivienda o a la capacidad de salir de una situación de abuso.
El acceso a la justicia debería acompañar a la persona que necesita protección, incluso cuando el tribunal competente se encuentra en otro país.
Los casos transfronterizos no deberían crear un sistema en el que una persona solo pueda permitirse protección si vive en la misma jurisdicción que el tribunal que decide su caso. La distancia geográfica ya puede aumentar la vulnerabilidad. No debería además dejar a las personas fuera de la justicia por razones económicas.
Participa
¿Has tenido que pagar procedimientos judiciales en otro país a causa de una situación transfronteriza de abuso o coacción? Queremos conocer tu experiencia. Por favor, no envíes documentos judiciales ni pruebas.
La información de esta página describe prioridades de investigación y propuestas de reforma. No constituye asesoramiento jurídico ni describe la legislación vigente de ningún país.
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