Tied Across Borders nació de la experiencia vivida.

Me encontré intentando proteger a la persona y la relación más importantes de mi vida, mi hija pequeña, mientras soportaba un patrón prolongado de conductas coercitivas que continuaba más allá de las fronteras internacionales. Cortar el contacto sin más no era una opción sin poner en riesgo precisamente la relación que intentaba proteger. Durante mucho tiempo me sentí atrapado entre protegerme a mí mismo y proteger lo que más me importaba.

Con el tiempo, el impacto en mi salud física y mental se volvió imposible de ignorar. Decidí que tenía que haber otro camino.

Tied Across Borders nació de una convicción sencilla: nadie debería tener que elegir entre protegerse y proteger a una persona, una relación o una responsabilidad que le une a otro país.

Mis circunstancias explican por qué reconocí la necesidad de este trabajo, pero no son el propósito de la organización. Por motivos legales, de privacidad y de protección, no publico información detallada sobre mi familia ni sobre asuntos en curso. Tied Across Borders debe juzgarse por la calidad de su trabajo, la evidencia que genera y las personas a las que ayuda.

El problema es mayor que cualquier caso individual

Para alguien que intenta poner fin al abuso transfronterizo o al control coercitivo, uno de los primeros retos es simplemente saber a quién acudir.

¿Qué institución es responsable? ¿En qué país? ¿Qué ocurre cuando una parte del problema la trata la policía, otra un tribunal de familia, otra una autoridad migratoria y otra una plataforma tecnológica?

Las personas pueden verse obligadas a moverse entre apoyo psicológico, policía, servicios sociales, traducción e interpretación, notarías, ayudas económicas, derecho de familia, derecho penal, sistemas migratorios, trámites consulares y seguridad digital, a veces en varios países a la vez.

Y con demasiada frecuencia, orientarse en esos sistemas puede parecer un trabajo a tiempo completo.

En la práctica, se puede esperar que una persona se convierta en experta en las leyes, las instituciones y los procedimientos burocráticos de un país en el que no vive, cuya nacionalidad no tiene y cuyo idioma quizá ni siquiera habla. Puede tener que averiguar qué autoridad es competente, qué documentos se necesitan, cómo traducirlos, notarizarlos o legalizarlos, cómo contratar a un abogado desde el extranjero, a qué apoyos tiene derecho y en qué organizaciones o profesionales puede confiar, a menudo bajo una enorme presión emocional, económica y práctica.

Encontrar orientación clara, fiable y asequible puede ser extraordinariamente difícil. La información suele estar dispersa entre webs gubernamentales, despachos de abogados, organizaciones benéficas e instituciones, y cada una se ocupa solo de una parte del problema. Saber que la ayuda existe en teoría es muy distinto de saber qué ayuda necesitas, dónde encontrarla, si es fiable y cómo acceder a ella de forma asequible desde otro país.

Pedir ayuda puede exigir un acto de fe

Incluso cuando alguien identifica una posible vía de actuación, acceder a ella puede suponer un riesgo personal y económico importante.

Contratar a un abogado, un traductor, un notario, un investigador u otro profesional en tu propio país ya puede intimidar. Hacerlo a miles de kilómetros, en un entorno jurídico y cultural desconocido, es algo completamente distinto.

A una persona se le puede pedir que transfiera sumas importantes de dinero a alguien a quien nunca ha visto, con poca capacidad para valorar por sí misma si los honorarios son razonables, si el profesional es de confianza, si el trabajo prometido se ha realizado realmente o qué vías reales de reclamación existen si algo sale mal. Las barreras lingüísticas, la distancia y unos procedimientos de queja desconocidos pueden hacer especialmente difícil reclamar por un mal servicio o recuperar el dinero.

Para alguien que ya sufre coacción o abuso económico, ese acto de fe puede bastar para que no busque ayuda en absoluto.

También puede existir un profundo desequilibrio entre las dos personas implicadas.

Quien ejerce el abuso puede estar actuando en su propio país, en su propio idioma, dentro de instituciones que conoce y con redes profesionales y personales a su alcance. Quien intenta detener ese comportamiento puede estar intentando moverse en esos mismos sistemas a distancia, como extranjero, a veces sin residencia, sin contactos locales y sin dominar el idioma.

Aunque la ley reconozca formalmente los mismos derechos, ese desequilibrio práctico importa.

Es comprensible que las personas teman no ser creídas, que ser extranjeras las ponga en desventaja, que los contactos locales influyan en un proceso, que exista riesgo de corrupción o que no reciban un trato verdaderamente imparcial. Esos temores pueden reflejar o no cómo una institución concreta acaba tratando su caso, pero la falta de información fiable y de orientación independiente puede hacer muy difícil que alguien de fuera del país evalúe el riesgo.

El acceso a la justicia no es real si una persona no puede saber con seguridad cómo acceder a ella.

Buscar protección no debería exigir una mayor exposición al daño

Hay otra contradicción en el centro de muchos casos transfronterizos.

Para conseguir que una persona abusiva pare, la carga suele recaer en quien sufre el abuso: iniciar procedimientos, reunir pruebas, pagar a profesionales, traducir documentos, acudir a citas y explicar una y otra vez lo ocurrido.

En un caso internacional, hacerlo puede exigir volver a relacionarse con el país, las instituciones o las circunstancias ligadas al abuso.

Quien ha puesto distancia física deliberadamente por su propia seguridad puede descubrir que, para actuar de verdad, tiene que volver. Quien ha restringido la comunicación con una persona abusiva puede encontrarse con que un procedimiento legal o administrativo exige más contacto. Quien lleva meses intentando alejarse de una situación dañina puede verse arrastrado de nuevo hacia ella solo para pedir a las autoridades que la detengan.

Esto crea una paradoja dolorosa: el propio proceso de buscar protección puede exigir una mayor exposición a la persona, el lugar o las circunstancias de las que alguien intenta protegerse.

Nadie debería tener que correr riesgos innecesarios con su seguridad solo para demostrar que necesita protección.

¿A quién se acude primero?

Es comprensible que las embajadas y los consulados parezcan el primer punto de contacto natural. Sin embargo, los servicios consulares no suelen estar diseñados para ofrecer un apoyo integral en casos complejos de abuso transfronterizo, y su personal puede tener una formación especializada o unas pautas limitadas sobre cómo se cruzan, entre jurisdicciones, la violencia doméstica, el control coercitivo, los procedimientos de familia, el acoso digital, las cuestiones migratorias y la protección.

Por eso una persona puede dirigirse a la institución que más claramente representa a su país en el extranjero y salir sin una vía clara para avanzar.

La misma fragmentación puede darse en otros ámbitos. Es comprensible que una policía se centre en los hechos ocurridos dentro de su jurisdicción. Un abogado de familia puede centrarse en el procedimiento de familia. Un asesor de inmigración, en la situación migratoria. Una organización contra la violencia doméstica puede estar limitada por la geografía. Una plataforma tecnológica puede tener en cuenta solo lo ocurrido a través de su servicio.

Cada una puede ocuparse con competencia de la parte que tiene delante.

Sin embargo, la persona que sufre el abuso tiene que lidiar con todo a la vez.

Ese es el vacío.

El resultado puede ser un proceso agotador, caro y profundamente aislante, justo en el momento en que alguien intenta recuperar el control de su vida.

Quedarse entre los sistemas existentes

Hay organizaciones excelentes trabajando en ámbitos muy relacionados con este problema: servicios contra la violencia doméstica, organizaciones de apoyo a personas migrantes, organizaciones de seguridad digital y especialistas en sustracción internacional de menores como Reunite.

Su trabajo es esencial.

Pero las personas que sufren un abuso que opera a través de un vínculo internacional pueden seguir quedándose entre esos sistemas. Su situación puede tocar varios ámbitos distintos sin encajar del todo en el mandato de ninguno.

En distintos países y sistemas jurídicos, la jurisprudencia y la experiencia vivida muestran a personas que siguen atrapadas en situaciones dañinas porque persiste una dependencia o un vínculo importante: un hijo, la situación migratoria, el dinero, los bienes, el empleo, los documentos u otra obligación de la que no se puede simplemente desentender.

A menudo, el primer problema no es la falta de voluntad para actuar.

Es no saber por dónde empezar.

El aislamiento lo hace más difícil. El abuso transfronterizo puede sentirse tan específico y personal que lleva a las personas a convencerse de que nadie más podría entender la situación en la que se encuentran. Una de las lecciones más claras de la investigación inicial de Tied Across Borders fue que estas experiencias son mucho menos inusuales de lo que parecen a quien las vive.

Protegerte no debería significar abandonar lo que importa

Sufrí en silencio durante mucho tiempo porque creía que protegerme podía significar perder la relación que más quería proteger.

Si Tied Across Borders puede ayudar a alguien a entender que esas dos cosas no tienen por qué ser incompatibles, que protegerse no significa abandonar a un hijo, a un ser querido, un medio de vida o una responsabilidad en otro país, ya habrá conseguido algo importante.

Pero el vacío que esta organización intenta abordar es mucho mayor que mi situación, y mucho mayor que cualquier género, nacionalidad o tipo de relación.

Las madres y los padres siguen unidos a través de sus hijos. Las personas migrantes, a través de visados, patrocinios y documentos. Los trabajadores, a través de salarios, contratos y pasaportes. Las exparejas, a través de viviendas, bienes, dinero, mascotas y cuentas compartidas. Las familias pueden seguir unidas por responsabilidades de cuidado, herencias y dependencia económica.

Las fronteras pueden separar geográficamente a las personas, pero la tecnología permite cada vez más que el control, el acoso y el abuso continúen a través de ellas.

A medida que se desarrollan la inteligencia artificial, la vigilancia digital, la suplantación de identidad y otras tecnologías, las formas en que el abuso puede operar a nivel internacional probablemente se volverán más complejas. Los sistemas diseñados para proteger a las personas deben evolucionar rápidamente con ellas.

Por eso existe Tied Across Borders: para ayudar a las personas a entender y recorrer los sistemas a los que se enfrentan; identificar vías de apoyo fiables y asequibles; reducir los riesgos de buscar ayuda más allá de las fronteras; conectar conocimientos que hoy están en lugares separados; generar mejor evidencia sobre el abuso transfronterizo; y defender sistemas que comprendan la desventaja de quien intenta buscar protección desde fuera del país donde debe obtenerse parte de esa protección.

En su centro hay un principio sencillo:

El abuso puede cruzar fronteras. La protección también debe poder cruzarlas.

Danny Wiser, fundador

Danny tiene un máster en Relaciones Internacionales y Asuntos Globales por la Universidad de Nottingham. Cuenta con más de una década de experiencia como periodista en el Reino Unido y América Latina para grandes medios como The Economist, The Guardian y la BBC, y tiene experiencia en el ámbito de la incidencia gracias a su trabajo con 50:50 The Equality Project de la BBC y con unconnected.org.